2026-03-24 Palabras Del Profesor Diego Blanco A 50 Años Del Golpe
Hoy 24 de marzo, a 50 años del último Golpe de Estado en Argentina de 1976, nos reunimos no solo para conmemorar una fecha, sino para asumir una responsabilidad: la de sostener la memoria, defender la verdad y reafirmar nuestro compromiso con la justicia.
El 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni inesperado. Fue la culminación de un proceso en el que sectores de poder decidieron interrumpir el orden constitucional para imponer, mediante la violencia, un proyecto de país basado en la exclusión, la desigualdad y la concentración de la riqueza. Fue un golpe contra la democracia, pero también contra el pueblo argentino.
La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, organizó y ejecutó un plan sistemático de represión ilegal. Pero es fundamental decirlo con claridad: no actuaron solos. Contaron con la complicidad y el apoyo de sectores civiles —empresariales, financieros, judiciales, mediáticos y parte de la jerarquía eclesiástica— que se beneficiaron directa o indirectamente de ese proyecto.
Ese plan tuvo múltiples dimensiones. No solo se buscó eliminar a quienes pensaban distinto, sino también reconfigurar la economía, disciplinar a los trabajadores y desarticular toda forma de organización popular. Para lograrlo, el Estado se transformó en una maquinaria de terror.
A lo largo de todo el país funcionaron cientos de centros clandestinos de detención. Entre los más emblemáticos la ESMA, la perla o el ri9 en corrientes, pero el horror no estuvo concentrado en estos lugares: se desplegó de manera sistemática, planificada y coordinada en todo el pais. Allí, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas.
Hoy lo afirmamos con toda seguridad: no hubo una guerra. Hubo terrorismo de Estado. Y hubo un genocidio, porque el objetivo no fue solamente eliminar individuos, sino destruir un entramado social, político y cultural que impulsaba transformaciones profundas en la Argentina.
Las víctimas no fueron elegidas al azar. Eran, en su inmensa mayoría, trabajadores y trabajadoras, obreros industriales, delegados sindicales, estudiantes secundarios y universitarios, docentes, militantes políticos, periodistas, profesionales, artistas, sacerdotes comprometidos con los sectores populares, vecinos organizados en barrios y villas. Eran jóvenes, en gran parte.
Eran hombres y mujeres que creían en la participación, en la justicia social y en la construcción colectiva de un país más igualitario.
Fueron perseguidos por lo que representaban: organización, solidaridad, conciencia crítica. Se intentó arrasar con una generación entera que soñaba con cambiar la realidad. Se buscó instalar el miedo como forma de control social, el silencio como norma y la desconfianza como modo de vida.
El terrorismo de Estado también desplegó prácticas particularmente aberrantes: el secuestro de mujeres embarazadas, el robo sistemático de bebés, la apropiación de identidades. Esas heridas siguen abiertas, y su reparación es una tarea que aún continúa.
Frente a ese horror planificado, hubo una respuesta que también forma parte de nuestra historia y de nuestro orgullo colectivo. Las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes, enfrentaron el terror con una valentía extraordinaria. Cuando el silencio parecía imponerse, ellas hicieron de la memoria una forma de lucha. Cuando la impunidad parecía asegurada, ellas abrieron el camino hacia la justicia.
Gracias a esa lucha inclaudicable, la Argentina es hoy un ejemplo en el mundo en materia de memoria, verdad y justicia. Los juicios por delitos de lesa humanidad, el reconocimiento de las víctimas y la recuperación de identidades son conquistas colectivas que debemos sostener y profundizar.
Sin embargo, a 50 años, la memoria sigue siendo un campo de disputa. Persisten discursos que buscan relativizar, minimizar o justificar el terrorismo de Estado. Frente a eso, nuestra respuesta debe ser clara y firme: no hay lugar para el negacionismo en una sociedad democrática.
Señalar a los responsables —militares y civiles— no es abrir heridas: es impedir que se repitan. Es afirmar que ningún proyecto político o económico puede construirse sobre la desaparición, la tortura y la muerte.
Hoy recordamos a los 30.000 detenidos-desaparecidos. No como una cifra abstracta, sino como personas concretas, con nombres, historias, familias, sueños y proyectos de vida. Recordamos lo que les fue arrebatado y también lo que representaban: la posibilidad de una Argentina más justa.
Y al hacerlo, debemos asumir un compromiso que trascienda las generaciones. El compromiso de defender la democracia todos los días. El compromiso de no ser indiferentes frente a la injusticia. El compromiso de sostener la memoria como una herramienta viva.
Porque la memoria no es solo un acto del pasado: es una decisión del presente y una responsabilidad hacia el futuro.
Por los 30.000.
Por la verdad.
Por la justicia.
Por una sociedad más libre, más justa y más humana.
